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“Nos esforzamos por difundir nuestro respeto por los animales y la naturaleza”

Las acusaciones populares piden hasta 70 años de cárcel para miembros de una red nacional de peleas de perros.

La trama mantenía ramificaciones en distintos puntos del territorio español; la más importante en Canarias.

Un total de 23 personas están procesadas por delitos de organización criminal y maltrato animal.

Entre los acusados hay dos veterinarios y un policía local de Adeje que se encuentra apartado del servicio.

Una operación policial sincronizada en viviendas y fincas de los investigados permitió rescatar a 226 animales, de los que 42 fallecieron .

16 de mayo de 2018. Las acusaciones populares personadas en la causa que investiga una presunta red nacional dedicada a las peleas de perros, en representación de la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas (SASA) y del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, solicitan hasta 70 años de cárcel para miembros de la trama por delitos de organización criminal y maltrato animal. Un total de 23personas están procesadas por su participación en una sociedad supuestamente delictiva que mantenía ramificaciones en distintos puntos del territorio español; la más importante en Canarias.

La presentación de los escritos provisionales de las acusaciones, a falta de que se pronuncie la Fiscalía, supone uno de los pasos previos a la apertura del juicio oral, después de una intensa investigación policial que tuvo su punto álgido en una operación sincronizada que comenzó en Tenerife, tras varios meses en los que se interceptaron las conversaciones telefónicas de los principales implicados. El 18 de febrero de 2017, una intervención en una finca del municipio de Güímar, que se saldó con 10 detenidos, dio el pistoletazo de salida a una secuencia de registros que durante los dos días siguiente se llevaron a cabo en Madrid, Alicante, Murcia y varios puntos de la isla.

El operativo permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en mal estado de salud, de los que 42 fallecieron. Entre los acusados figuran dos veterinarios y un policía local de Adeje. Aunque la cabeza de la presunta organización criminal se sitúa en Madrid, la instrucción ha puesto en evidencia el peso de la red en Canarias, donde residen ocho de los 23 procesados.

Los indicios encontrados durante la instrucción, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han desvelado la existencia de una trama con una estructura jerárquica estable, que además llegó a desarrollar un vocabulario propio para referirse a sus actividades.

La organización está encabezada por las personas que preparan las peleas o "convenciones", como las denominan, así como las "topas", donde se prueba a los perros nuevos o cachorros. Son los encargados de dirigir la red: ponen en contacto a los miembros del clan para celebrar peleas o mercadear con los animales, además de tomar las decisiones sobre las medicaciones que se les suministran y su muerte cuando no alcanzan el nivel que consideran adecuado para competir.

En un segundo escalón figuran los encargados de la crianza y el entrenamiento de los perros de cara a las peleas. Obedecen las órdenes de los organizadores en cuanto al trato médico que deben recibir los anímales.

En este nivel, según los indicios encontrados durante la instrucción de la causa, también figuran los veterinarios que colaboran con la trama. Los profesionales sanitarios son una pieza clave para el desarrollo de las actividades clandestinas, ya que son los encargados de elaborar las recetas necesarias para obtener las sustancias que se aplican a los perros, que de otra forma no podrían conseguir sin desvelar las prácticas ilegales. Además, suministran la documentación necesaria para el traslado de los animales a lo largo del territorio nacional e internacional.

En la posición inferior se encuentran las personas que participan en las peleas organizadas, donde se ha desarrollado una red de apuestas personalizada. En las escuchas telefónicas se aprecia cómo existen dos niveles diferenciados: por un lado, las apuestas por "puntos" (cada punto equivale a 1.000 euros), que son las realizadas por los dueños de los perros; por otro, las de menor cuantía que realizan los asistentes a los distintos eventos.

Las acusaciones consideran que el maltrato no solo se produce en las peleas, sino en todo el proceso, tanto antes como después. En los diferentes registros policiales que se llevaron a cabo se encontraron animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, además de que muchos son sometidos a tratamientos médicos por personas no especializadas, con las consecuencias que este hecho provoca en los animales, a los que se suministran sustancias para que ganen o pierdan peso (si no se cumple con la normativa interna de pesaje se penaliza al dueño) y mejoren su resistencia. A todo ello se suma que para llevar a cabo su entrenamiento se utilizan lo que la trama denomina chihuahuas, perros de razas menos agresivas y de menor tamaño que se utilizan como  sparrings de los competidores.

En ANDA, esperamos que la sentencia sea favorable y estas personas terminen el resto de sus días en la cárcel.

Nada puede justificar el maltrato animal.

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